En 1995, en medio de una de las mayores crisis económicas y financieras de México, nació la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores formales del sector privado, brindado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que entró en vigor en 1997.
Esta reforma significó el traslado de un esquema de reparto y beneficios definidos otorgados por el estado, a uno de capitalización total por medio de cuentas individuales. “Se colocó como objetivo central de la reforma (…) la promoción del ahorro interno, y en particular del privado, como una fuente de financiamiento (estable y permanente) de la inversión” (Villagómez y Hernández, 2009). Hoy en día es innegable la relevancia económica de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE). Según estadísticas de la CONSAR (2019): existen al cierre de febrero de 2019, 63.3 millones de cuentas individuales con un total de recursos registrados de 4.9 billones de pesos, equivalente al 26.2% del PIB nacional.
No obstante, para angustia de los trabajadores y futuros pensionados, la OECD (2016) afirma: “el objetivo principal de las reformas recientes fue retrasar la jubilación al elevar la edad mínima legal para el retiro, restringir las facilidades de jubilación anticipada y mejorar los incentivos para trabajar más tiempo”. Aunado a esto, existe la amargura resultado de la incapacidad de los trabajadores para ahorrar lo suficiente para obtener una pensión digna. La misma OECD (2016) muestra, en un informe, un párrafo que vislumbra la gravedad de esta situación: “las tazas de reemplazo netas futuras de los esquemas obligatorios para un trabajador de salario medio promedian 63% entre los países de la OECD y de 27% para México”. La tasa de reemplazo es el porcentaje del salario que recibe un trabajador retirado, respecto al sueldo que poseía estando en activo.
Esta tendencia puede originar problemas socio-económicos de grandes dimensiones: la generación de pobreza y la presión en las finanzas públicas por la, aún necesaria, intervención estatal auspiciada por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), para otorgar una pensión mínima a aquellos trabajadores cuyo monto acumulado en sus cuentas individuales es insuficiente, son solo un par de ejemplos.
Así, de esta condición se desprende la importancia generar y mantener políticas públicas que coadyuven a un sistema de pensiones que busque el bienestar del trabajador, mediante la reducción de los costes de administración, la generación una cultura precautoria al retiro, y la suscitación de políticas económicas efectivas que fomenten el empleo formal y el aumento de los salarios.
Amado Rosas Archiveque Socio IMEF Universitario Universidad de Sonora amadorosas97@gmail.com @amadorosas97
Referencias Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro [CONSAR]. (2019). Recursos registrados en las afores. Ciudad de México, México: Información estadística. http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=2
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD]. (2016). Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators [summary in Spanish]. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/042ab730-es.pdfexpires=1554959988&id=id&accname=guest&checksum=D39DCFC73EF8C837DFC60922152214C0
Villagómez, F. A. y Hernández, J. A. (2009). Impacto de la reforma al sistema de pensiones en México sobre el ahorro. Economía Mexicana. Nueva Época, 19 (2). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665- 20452010000200003