Hacia el rediseño institucional del sistema nacional de aseguramiento agropecuario.

El proceso de reestructuración del sistema de financiamiento rural se ha conducido por dos objetivos principales: por un lado, aumentar la penetración del crédito en el sector agropecuario a fin de detonar su productividad; por otro, optimizar la administración del riesgo inherente a la actividad rural para mantener su rentabilidad.


Ya se han apuntado los beneficios de extender el alcance del crédito agropecuario por acto de la simplificación administrativa. En cambio, las ambigüedades han abundado en lo que refiere al rediseño del sistema nacional de aseguramiento agropecuario y al esquema qué tendrá el sistema público de garantías de crédito.



El alto grado de exposición a riesgos de las actividades agropecuarias, la heterogeneidad de las unidades de producción rural, la inexistencia de bases de datos públicas especializadas en la materia, así como los obstáculos a la competencia en el mercado de seguros agropecuarios suponen desincentivos que demandan diseños institucionales concretos. Si no se estimula la participación de la iniciativa privada, se corre el riesgo de sobrecargar a las instancias públicas encargadas del sistema nacional de aseguramiento agropecuario, además de perpetuar la exclusión financiera. Las aseguradoras se han limitado a la oferta de coberturas de riesgo único que además de ser poco atractivas para los productores, han transferido a la reaseguradora paraestatal Agroasemex la responsabilidad de ofertar coberturas de riesgo múltiple que enfrentan limitaciones en su operación. La regulación del mercado de seguro agropecuario también enfrenta el reto de la regulación.


En lo que refiere a los retos afrontados por los productores del sector rural, destaca el hecho de que, tanto los productos de aseguramiento como de reaseguramiento, no se dispersan del mismo modo que los productos crediticios. Además, los instrumentos de reaseguramiento enfrentan una limitación crítica: la poca o nula diferenciación en las indemnizaciones por tipo de cultivos, daños o pérdidas.


La bondad de los seguros agropecuarios radica en que permiten a los productores recuperar su actividad ante la ocurrencia de siniestros. Pero el cumplimiento de tal propósito demanda: sistema de información pública para la toma de decisiones por parte de aseguradoras; coordinación con sector de crédito y ahorro popular para mayor penetración; nuevo marco para la regulación del mercado; un sistema de garantías que proteja simultáneamente a los inversionistas de riesgo y a los productores.


Kevin Cervantes Yánez

Universidad Autónoma de Querétaro

Estudiante de la licenciatura en Comunicación y Periodismo

kecervantes2@gmail.com

Twitter: @KevinCervantesY


Referencias

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Castro, C. y García, K. (2014, septiembre). Default risk in agricultural lending: The effects of commodity price volatility and climate (documento de trabajo no. IBD-DP-362). Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC.


Comisión Federal de Competencia Económica. (2015). Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario. México: COFECE.


Delgado, J. (2018, enero). Sistema de financiamiento integral: Financiamiento para el desarrollo rural, Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de Agroasemex.


Molina, H., Pombo, P., Ramírez, J. y Figueiredo, J. (2018). Marco conceptual para la información sobre el alcance, adicionalidad y sostenibilidad financiera de los Sistemas de Garantía de Crédito públicos. Lima: ALIDE.


Wenner, M., Navajas, S., Trivelli, C. y Tarazona, A. (2007, mayo). Managing risk in rural financial institutions in Latin America (reporte no. MSM-139). Washington DC: BID.

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